El sorteo de Lotería de Navidad que se celebra el 22 de diciembre reportará a la Hacienda Pública 194,2 millones de euros en caso de que se vendan todos los décimos premiados, una cantidad un 4,2% superior a la del año pasado, ya que Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) repartirá 2.310 millones, 70 millones más que en 2015, si consigue vender todos los décimos, según los cálculos realizados por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

“Hay un lugar al que, ocurra lo que ocurra, siempre llega la magia de ‘ El Gordo‘: al Ministerio de Hacienda. Desde el año 2013, los premios superiores a 2.500 euros están gravados al 20%, una medida que se anunció como temporal pero que parece que vino para quedarse”, subraya Gestha.

De esta forma, los agraciados con el ‘Gordo’, que reparte 400.000 euros por décimo premiado, tendrán que compartir con Hacienda 79.500 euros, mientras que los perceptores del segundo premio (125.000 euros por décimo) le cederán 24.500 euros, y los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo), un total de 9.500 euros.

Gestha recuerda que la Lotería de Navidad es el sorteo por excelencia para Loterías y Apuestas del Estado, ya que ostenta el liderato absoluto de ventas anuales del organismo público, con el 29,4% del total de la recaudación anual. Por lo tanto, la Navidad también es la época en la que Hacienda recauda más por el gravamen a los premios de Lotería superiores a 2.500 euros y que están gravados con una tasa del 20%.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de estos premios al cobrarlos, así los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y solo tendrán que anotar el premio en la declaración de la Renta, por lo que declarar el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su declaración los rendimientos que les genere, como intereses bancarios.

Asimismo, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

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