El grupo municipal de Izquierda Unida de Guareña ha registrado en el Ayuntamiento de Guareña una moción relativa al Anteproyecto de Ley de Reforma del Sistema Eléctrico. Dicha moción se debatirá en el próximo pleno municipal del consistorio.

Texto íntegro de la moción:

El pasado mes de Julio el Gobierno aprobó un paquete de medidas normativas agrupadas en la denominada Reforma Energética que son un obstáculo, por no decir un ataque, a los pilares de un sistema energético propio del siglo 21: el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, las fuentes renovables y el autoconsumo.

Más recientemente el gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico y lo ha remitido a las Cortes para su prontísima tramitación: probablemente antes de Diciembre de 2013. No es aceptable que una reforma de la profundidad y alcance de esta, que modifica sustancialmente una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice en apenas cuatro meses sin una adecuada discusión de los agentes implicados y, como mínimo, transparencia.

La reforma de la ley del sector eléctrico afecta directamente a los ayuntamientos en cuestiones de gran importancia.

Comenzando porque los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos pero probablemente también la más débil económicamente, y el enfoque con que se ha elaborado el anteproyecto de ley va a suponer una fuerte subida de la electricidad que además se verá sujeta a periódicos ajustes previsiblemente siempre al alza. La factura eléctrica es una parte notable del presupuesto de cualquier ayuntamiento.

Evidentemente esta situación también la sufrirán los consumidores domésticos y de pequeñas empresas (comercio, oficinas…). La actividad económica del municipio se verá sin duda mermada, pero resulta especialmente inaceptable su efecto sobre los ciudadanos más débiles económicamente. Las organizaciones de acción social ya vienen denunciando el aumento de la denominada “pobreza energética” entre la sociedad española. En 2010 casi un 8% de los hogares no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada, cabe pensar que la evolución desde entonces no ha sido positiva.

La reforma del gobierno penaliza tres veces al consumidor a través de la subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al autoconsumo. Esta modalidad de generación combina la autonomía ciudadana en la producción de una parte de la electricidad que necesita con su cesión a la red cuando no la consuma. Pues bien, el gobierno pretende hacerla tan cara que su contribución se quede en anecdótica. El oligopolio eléctrico tradicional es protegido una vez más de la competencia.

Desde 2009, se aplican políticas de ahogamiento de las energías renovables, precisamente cuando su nivel de desarrollo comenzó a desplazar al mix eléctrico hegemónico basado en el carbón, el gas y la energía nuclear. En los siete primeros meses de este año las renovables produjeron casi un tercio de la electricidad.

Las renovables vienen siendo una fuente de ingresos para muchos ayuntamientos, por la amplia dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias relativamente bajas, en contraste con las grandes centrales de combustible fósil y nuclear. Aun más importante es su demostrada capacidad de generación de empleo, desde la ingeniería y fabricación de paneles solares y aerogeneradores, hasta la instalación y el mantenimiento. Servicios estos últimos que por su capilaridad territorial son motor de un empleo menos centralizado en los grandes núcleos urbanos y por tanto capaces de revitalizar la actividad económica de medianas y pequeñas poblaciones.

La eficiencia, el ahorro, el autoconsumo y las renovables son factores de reactivación económica y de creación de empleo, y a la vez instrumentos necesarios para reducir las importaciones energéticas. En un país con una altísima dependencia energética del exterior (un 80% cuando la media de la Unión Europea es del 50%), debería ser prioritario un cambio del modelo energético para protegernos del alza de los precios del petróleo y el gas.

La reforma que presenta el gobierno no atiende a estos graves problemas. Señala a las renovables como únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico cuando se trata de factores estructurales. Como ilustración véase que sólo la desviación de la última subida del petróleo supone un coste añadido que duplica el pretendido ahorro de la reforma eléctrica. Las primas que se aplican a la electricidad renovable son una compensación que retribuye los costes ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan. Las energías renovables bajan el precio mayorista de la electricidad, ahorran pérdidas en la red, reducen la dependencia energética y las emisiones de CO2.

Arrinconando a las fuentes autóctonas, como las renovables o el ahorro, se está agravando hasta límites imprevisibles la vulnerabilidad de Estado español.

El mecanismo que pretende activar este anteproyecto de ley para solucionar el déficit de tarifa es el aumento de la recaudación mediante el crecimiento del consumo eléctrico y del precio que pagan los consumidores. Se quiere modificar la estructura del recibo para que aunque el usuario utilice menos electricidad page mucho más por la potencia contratada mientras que se reduce la cantidad que depende de la energía consumida. Como ejemplo, para un usuario doméstico cuyo consumo sea igual a la mitad del consumo medio del país (unos 2000 kWh/año), el cambio de sistema comporta una subida del 10%. Para quién consuma el doble de la media del país, el nuevo sistema de facturación significa un ahorro de más del 25%. Se premia así el comportamiento despilfarrador y se desincentiva la introducción de equipamiento eléctrico eficiente, no sólo en el sector doméstico, sino también en el industrial.

Esta reforma carga contra ciudadanos y renovables, mientras las eléctricas, a pesar de sus quejas, apenas verán arañados sus beneficios. En un escenario de crisis económica y de la demanda interna, esta política energética es inviable y desastrosa.

El anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico entra en contradicción con avances hacia la sostenibilidad. En concreto con la Ley 8/2013 de Rehabilitación y la actualización del Código Técnico de la Edificación, que ha elaborado el Ministerio de Fomento para reactivar la economía y crear empleo a través del autoconsumo, la eficiencia y la rehabilitación energética de edificios en cumplimiento de las Directivas Europeas de Eficiencia Energética. Con esta reforma eléctrica será en la práctica inviable.

Tampoco podrá abordarse una política medioambiental más allá del papel. En concreto la lucha contra el cambio climático no es compatible con que la generación de electricidad sea (con un 23,5% del total) el sector que más contribuyó en 2012 a las emisiones de CO2. El calentamiento global es un problema ignorado por el gobierno pero muy real. El último informe del Panel Gubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, hecho público a finales de Septiembre, confirma el aumento de las temperaturas y la reducción de precipitaciones y del agua disponible en los países del arco mediterráneo. Nuestro país será uno de los más afectados de Europa. Retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación mucho más difícil en un futuro muy próximo.

Además, nos hemos comprometido a ello. España, como el resto de los socios europeos, acordó en la cumbre europea de Marzo de 2007 cumplir tres objetivos medioambientales para el año 2020: reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de energía primaria de origen renovable. La Comisión Europea ya ha manifestado su preocupación por la amenaza que supone la política eléctrica del gobierno en el cumplimiento de estos compromisos.

Por último, hay que insistir en que esta reforma se ha elaborado sin la participación de todos los afectados ni de los consumidores y con severas críticas de tanto del órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía, como del la Comisión Nacional de la Competencia. En definitiva con un preocupante déficit democrático y sin transparencia en la evaluación de la responsabilidad de los distintos agentes en la creación del déficit tarifario, ni en el reparto del pago de esa deuda.

Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:

1.- El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Guareña en la provincia de Badajoz, muestra su rechazo al anteproyecto de Ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el gobierno.

2.- Comunica igualmente al Gobierno central la necesidad de que se respeten los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución de las fuentes renovables al mix energético y nivel de ahorro energético.

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