Hace justo un año, Torrefresneda decidió presentar alegaciones al presupuesto municipal de Guareña correspondiente a 2016. Hace unos días, el Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Mérida daba a conocer la sentencia firmada por la juez, Carmen Romero Cervero, en la cual se anula parte del presupuesto, invocando a realizar un convenio entre las dos instituciones.

Por todo ello, y después de darse a conocer la sentencia, las cuatro formaciones políticas con representación en el ayuntamiento (PSOE, PP, IU y PCG) han firmado un comunicado conjunto dando a conocer la postura de nuestra localidad ante este asunto que reproducimos de forma íntegra a continuación:

La sentencia 61/2017 dictada por la Magistrada-Juez, Doña Carmen Romero Cervero, deja de una forma clara e inconfundible que no existe un convenio presupuestario entre los ayuntamientos de Guareña y Torrefresneda. De esta sentencia se desprende, que lo promulgado por los políticos de Torrefresneda en estos últimos años, sobre una deuda existente en base a un convenio fijado en el año 1995 es falso. Esto ya lo sabían los propios políticos, prueba de ello es que lo dicen en sus manifestaciones, y el ayuntamiento de Guareña lo ratifica, y es lo que la Magistrada dictamina: “que no existe convenio”.

Ahora la magistrada, a pesar de que aprueba el fondo del presupuesto 2016, invoca a realizar un convenio entre el Ayuntamiento de Guareña y Torrefresneda. Este convenio debe ser determinado por criterios objetivos como el de la residencia de los sujetos pasivos, el lugar de erradicación de los bienes o ejercicios de actividades, etc. Esto significa que es más que probable, que el presupuesto de Torrefresneda se vea aminorado, pues es bien sabido, que recibía cantidades de dinero por servicios que presta el ayuntamiento de Guareña. Y que esto no sucederá en los consiguientes presupuestos.

En lo referente a lo dictaminado por la magistrada sobre el empleado público de este ayuntamiento, debe hacerse constar que el nombramiento de sus funciones son realizadas por la propia Junta de Extremadura, y que es un nombramiento ordinario. En este sentido, el ayuntamiento y la Junta presentarán la documentación necesaria en el plazo de 15 días para solventar cualquier tipo de duda, que pudieran hacer el “presupuesto del 2016” anulable.

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